Los 550.000 trabajadores del sector público de la provincia de Quebec (Canadá) han votado en un 95% a favor de una huelga general indefinida (GGI) que se convocará en octubre. El 23 de septiembre, más de 100.000 trabajadores se manifestaron para mostrar su determinación. En un volante del comité NWBCW-Montréal (No a la guerra, por la guerra de clases) distribuido en la manifestación, se afirmaba que “la GCI debe prepararse mediante la creación de comités de huelga o de lucha de todos los trabajadores, sea cual sea su afiliación sindical, estén o no sindicados y sea cual sea su empleo. Esta es la primera manera de luchar contra las divisiones y el debilitamiento de nuestras fuerzas. Debemos participar en las reuniones sindicales y hacer propuestas para contrarrestar la división y el sabotaje de los sindicatos, especialmente si vuelven con las mismas propuestas de acción que han fracasado en el pasado: acciones aisladas, huelgas sectoriales, huelgas de uno o dos días e incluso unas pocas horas por sindicato. Los comités del CNCM apoyan las luchas obreras porque hoy ya no están determinadas únicamente por la crisis -la defensa del capital nacional contra los rivales económicos- sino también por las necesidades, más o menos directas según los países, del empuje hacia la guerra generalizada; en particular, la necesidad de desarrollar economías de guerra y de rearmarse. En esta situación, toda lucha obrera representa objetivamente, y cualquiera que sea la conciencia de los proletarios en lucha, una dinámica de oposición a la crisis y a la marcha hacia la guerra de su propio capital nacional. Y esto tanto a nivel económico como a nivel ideológico tendiendo, y sólo tendiendo, a romper con el marco de la defensa del capital nacional y de la unidad nacional con su propia burguesía.”

Con un mes de retraso, en noviembre, el Front Commun de los sindicatos y los que no participaban en él se embarcaron en una multitud de huelgas que iban de unas horas a unos días. En cuanto a la FAE (35% de los profesores), optó por una huelga de 22 días. Esta huelga, totalmente aislada de los demás trabajadores, nunca se extendió a otros sectores públicos o privados.

En un volante del GIIC distribuido durante los días de huelga, escribimos: “Ya no se trata tanto, como cuestión prioritaria, de llamar a la formación de comités de lucha u otros para preparar y animar una huelga verdaderamente “ilimitada y unitaria” y su extensión más allá del sector público. Hoy, en los primeros días del movimiento, se trata de: llamar directamente a todos los oficios y corporaciones del sector público a la huelga al mismo tiempo y todos juntos; llamarles a extender la huelga más allá del sector público, al sector privado; llamar a todos los proletarios de Quebec, del sector público y privado, a la huelga inmediata e indefinida, rompiendo con la unidad nacional y la prohibición de verdaderas huelgas. Y si hay comités de lucha, les corresponde centrar toda su acción en estas consignas.”

El 27 de diciembre, los sindicatos anunciaron un acuerdo de principio sin divulgar ninguna información y pusieron fin a todas las huelgas. El gobierno provincial de Legault no necesitó aprobar mandamientos judiciales ni leyes para poner fin a las huelgas. Los sindicatos, como órganos del Estado capitalista, se encargaron de ello.

Y para asegurarse de que los trabajadores del sector público no se lanzaran en una huelga illimitada, los sindicatos convocaron votaciones del 8 de enero al 19 de febrero para poner fin a cualquier atisbo de lucha y asegurarse de que se aceptaban las ofertas del gobierno. Y la mayoría de los sindicatos celebraron reuniones por videoconferencia. Por ejemplo, la Alliance des professeures et des professeurs de Montréal celebró este tipo de reunión desmovilizadora de 18.00 a 2.00 horas, en la que el 52% de los afiliados aceptaron la oferta del gobierno por internet.

Aunque los sindicatos intentan mantener un férreo control sobre las reuniones presenciales, las reuniones por videoconferencia deberían rechazarse radicalmente. El control total que ejercen los sindicatos, que organizan las videoconferencias, les permite maniobrar a su antojo en caso de que no les guste la votación. Quedarse en casa no permite a los trabajadores entablar un verdadero “debate” contradictorio sobre la propia lucha, en este caso sobre el valor del convenio salarial, las condiciones de trabajo y sobre la orientación y modalidades de la propia huelga. El aislamiento que los sindicatos proponen cada vez más, tanto para los votos de huelga como para las ofertas de la dirección, impide a los trabajadores “sentir” la fuerza y la vitalidad de su colectivo para darse cuenta de que, unidos en la lucha, son mucho más que una suma de votos a favor o en contra.